Es probable que esta medida histórica inquiete a los fabricantes estadounidenses, que temen que se cree una nueva maraña de trámites burocráticos para exportar a Europa.
La Unión Europea ha llegado a un acuerdo para imponer un impuesto a las importaciones basado en los gases de efecto invernadero emitidos para fabricarlas, introduciendo por primera vez la regulación del cambio climático en las normas del comercio mundial.
El acuerdo alcanzado entre los gobiernos nacionales europeos y el Parlamento Europeo pone fin a más de un año de negociaciones sobre los detalles del plan. Se espera que la Unión Europea lo adopte formalmente en las próximas semanas como parte de un amplio paquete legislativo que intensificará los esfuerzos del bloque para limitar el calentamiento global.
El plan pretende proteger a los fabricantes europeos frente a los competidores de países que no han regulado las emisiones de dióxido de carbono. También utilizaría el peso económico del bloque para presionar a los países para que fijen un precio al carbono, ya sea mediante un impuesto u otros medios como un sistema de límites máximos y comercio; los fabricantes de esos países se beneficiarían de una deducción de ese coste del impuesto cuando sus mercancías lleguen a las fronteras europeas.
El dinero es un punto de fricción en las negociaciones sobre el cambio climático en todo el mundo.
El plan, conocido como mecanismo de ajuste en la frontera del carbono, ha enfadado a los socios comerciales de la Unión Europea, sobre todo en los países en desarrollo, donde los fabricantes suelen emitir cantidades relativamente grandes de dióxido de carbono. También ha inquietado a los fabricantes de EE.UU., a quienes preocupa que la medida cree una nueva red de trámites burocráticos para exportar a Europa.
El impuesto se aplicaría primero a algunas de las industrias europeas más intensivas en energía: aluminio, acero, fertilizantes, cemento, algunos productos químicos y la producción de hidrógeno, que se espera que crezca rápidamente en los próximos años. Entraría en vigor en octubre de 2023, primero sólo como requisito para notificar las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a las importaciones.
En años posteriores, los importadores estarían obligados a pagar el impuesto. Ese paso acompañaría al calendario de la Unión Europea para la eliminación progresiva de los derechos de emisión gratuitos que el bloque concede a sus industrias en virtud de su sistema de límites máximos y comercio de derechos de emisión.
Con esta directiva, quien contamine pagará de verdad.
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