Nuevo estudio demuestra que expandir la energía eólica y solar de forma más justa apenas aumenta los costes un 0,7%.
- 🌬️ Más energía eólica y solar, con criterios sociales y ambientales.
- 💰 Menos del 1 % de sobrecoste frente al modelo más barato.
- 👷 Hasta 233.500 empleos adicionales en energías limpias.
- 🏭 Prioridad para territorios afectados por el declive de los combustibles fósiles.
- 🫁 Infraestructuras renovables dirigidas hacia comunidades con daños históricos sobre la salud.
- ⚡ Una red eléctrica preparada para centros de datos, vehículos eléctricos y mayor demanda.
- 🌍 Decisiones energéticas con consecuencias económicas y ambientales durante décadas.
La transición energética puede ser más justa sin disparar el coste de la electricidad
La transición hacia un sistema eléctrico con menos combustibles fósiles suele presentarse como una elección incómoda: reducir las emisiones, proteger a las comunidades vulnerables o mantener bajo control el precio de la electricidad.
Una investigación publicada en la revista Energy Policy plantea que esa disyuntiva está mal enfocada. Integrar criterios sociales, laborales, sanitarios y ambientales en la planificación de nuevas infraestructuras eléctricas puede hacerse con un incremento muy pequeño del coste total del sistema.
El estudio, desarrollado por investigadores de la Universidad Estatal de Ohio, analiza diferentes estrategias de expansión de la red eléctrica en el Medio Oeste de Estados Unidos hasta 2050. La conclusión principal tiene bastante peso: incluso las políticas más ambiciosas desde el punto de vista social cuestan menos de un 1 % adicional respecto a una planificación centrada exclusivamente en minimizar costes.
Una diferencia pequeña para decisiones capaces de condicionar durante décadas dónde se crean empleos, qué comunidades reciben inversiones y quién soporta los impactos ambientales de producir electricidad.
El lugar donde se instalan las renovables importa tanto como la tecnología
Construir parques solares, aerogeneradores, líneas eléctricas y sistemas de almacenamiento no garantiza automáticamente una transición energética justa.
La ubicación de esas infraestructuras resulta decisiva.
Los modelos tradicionales de planificación energética buscan satisfacer la demanda eléctrica al menor coste posible. El problema aparece cuando ese criterio concentra las nuevas inversiones en los territorios más rentables y deja fuera a regiones que han sufrido durante décadas la contaminación, el cierre de minas o centrales térmicas y la pérdida de empleo industrial.
El equipo de investigación comparó cinco estrategias diferentes para ampliar y transformar el sistema eléctrico entre 2022 y 2050.
Cada escenario priorizaba objetivos distintos: reducción de costes, disminución de emisiones, creación de empleo, mejora de las condiciones sanitarias o compensación económica de territorios afectados por la desaparición de puestos de trabajo vinculados a la industria energética.
Los resultados muestran algo relevante para cualquier país que esté acelerando la implantación de renovables. Modificar los criterios utilizados para decidir dónde construir las nuevas instalaciones puede generar importantes beneficios sociales con un impacto mínimo sobre el coste global del sistema eléctrico.
Menos del 1 % de diferencia puede cambiar el destino de miles de comunidades
Uno de los escenarios estudiados plantea dirigir las nuevas infraestructuras de generación eléctrica limpia hacia condados que han sufrido históricamente mayores impactos negativos sobre la salud.
La contaminación atmosférica provocada por centrales térmicas y otras instalaciones industriales no se distribuye de manera uniforme. Determinadas comunidades han soportado durante décadas mayores concentraciones de partículas, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre y otros contaminantes relacionados con enfermedades respiratorias y cardiovasculares.
Priorizar estos territorios permitiría utilizar la transición energética para corregir parte de esas desigualdades.
Otra estrategia analizada propone instalar nueva capacidad eólica y solar en regiones que han perdido un porcentaje elevado de empleos vinculados al sector energético.
Este escenario tendría un coste aproximadamente un 0,6 % superior al modelo de expansión más barato, pero podría generar alrededor de 233.500 empleos adicionales en el sector de las energías limpias.
La diferencia económica resulta especialmente pequeña cuando se compara con los efectos que puede provocar el cierre de minas, centrales eléctricas y otras actividades industriales que durante generaciones han sostenido las economías locales.
En muchos territorios, una transición mal planificada puede provocar despoblación, caída de ingresos municipales y pérdida de servicios públicos. También aumenta la oposición social a nuevos proyectos energéticos.
La investigación apunta hacia otra posibilidad: convertir la inversión en renovables en una herramienta de desarrollo territorial.
La transición energética también necesita una política industrial
Instalar paneles solares y aerogeneradores genera empleo durante la construcción, aunque buena parte de esos puestos desaparecen cuando las instalaciones entran en funcionamiento.
Por eso, una estrategia energética justa necesita mirar más lejos.
Las regiones afectadas por la desaparición de industrias fósiles pueden aprovechar las nuevas inversiones para atraer actividades relacionadas con la fabricación de componentes, mantenimiento de instalaciones, reciclaje de paneles solares, reparación de aerogeneradores, producción de baterías o gestión de redes eléctricas.
Estados Unidos ya intenta avanzar en esta dirección mediante los programas de inversión industrial y energética aprobados durante los últimos años, que han incentivado la construcción de fábricas de baterías, componentes solares y equipos vinculados a la electrificación.
Europa afronta un desafío parecido.
El Fondo de Transición Justa de la Unión Europea moviliza recursos hacia territorios especialmente afectados por la descarbonización. Regiones dependientes del carbón y de industrias intensivas en emisiones necesitan alternativas económicas capaces de generar empleo estable antes de que desaparezcan las actividades tradicionales.
España cuenta con experiencias concretas en antiguas comarcas mineras de Asturias, León, Palencia, Teruel o Puertollano, donde los cierres de centrales térmicas han impulsado proyectos relacionados con energías renovables, almacenamiento, hidrógeno renovable, restauración ambiental y nuevas actividades industriales.
Los resultados todavía son desiguales. La experiencia demuestra que una planta renovable aislada rara vez sustituye todo el tejido económico asociado a una gran instalación industrial.
Hace falta formación profesional, infraestructura eléctrica, suelo industrial, acceso a financiación y políticas capaces de atraer empresas durante muchos años.
Ohio y los Apalaches muestran el tamaño del desafío
La investigación presta especial atención a Ohio y a las regiones de los Apalaches.
Durante generaciones, muchas comunidades de esta zona dependieron de la extracción de carbón, las centrales térmicas y otras industrias intensivas en energía.
La reducción progresiva de estas actividades puede provocar importantes impactos económicos.
Al mismo tiempo, sustituir combustibles fósiles por tecnologías renovables permitiría reducir emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes atmosféricos.
El reto consiste en evitar que los mismos territorios que proporcionaron energía durante décadas queden al margen de las inversiones del nuevo sistema eléctrico.
Dirigir parte de la capacidad renovable, las redes eléctricas y las industrias asociadas hacia estas comunidades podría facilitar la aparición de nuevas fuentes de ingresos.
También puede reducir la resistencia social frente a la transformación energética. Cuando una comunidad percibe beneficios concretos —empleo, ingresos municipales, reducción de la contaminación o electricidad más barata— resulta más fácil construir apoyo alrededor de nuevos proyectos.
Una demanda eléctrica que vuelve a crecer con fuerza
La transformación del sistema eléctrico coincide con un aumento de la demanda de electricidad.
Durante años, el consumo eléctrico de numerosos países desarrollados permaneció relativamente estable gracias a las mejoras de eficiencia energética.
La situación está cambiando.
La electrificación del transporte y la climatización, la expansión de las bombas de calor, el desarrollo industrial y el crecimiento de los centros de datos están obligando a revisar las previsiones.
La inteligencia artificial añade presión adicional. Los grandes centros de datos necesitan enormes cantidades de electricidad y pueden concentrar la demanda en regiones donde las redes existentes no fueron diseñadas para soportar semejantes cargas.
A esto se suma la expansión del vehículo eléctrico y de las estaciones de recarga rápida.
Construir generación renovable será necesario, aunque no suficiente.
También harán falta nuevas líneas eléctricas, redes de distribución más flexibles, almacenamiento energético, sistemas de gestión de la demanda y tecnologías capaces de desplazar el consumo hacia las horas de mayor producción renovable.
Aquí aparece otra cuestión importante planteada por la investigación: la expansión de la red eléctrica puede utilizarse para corregir desigualdades territoriales o para profundizarlas.
Todo depende de las decisiones tomadas durante los próximos años.
El coste más bajo no siempre representa la mejor inversión
Elegir exclusivamente la alternativa energética más barata puede generar costes ocultos.
Una central, una línea eléctrica o un parque renovable pueden resultar económicamente óptimos dentro de un modelo matemático y provocar al mismo tiempo oposición social, pérdida de actividad económica o mayores impactos ambientales en determinadas comunidades.
Estos conflictos pueden retrasar proyectos durante años.
También pueden aumentar los costes administrativos, judiciales y financieros.
Una planificación que incorpore desde el principio variables relacionadas con el empleo, la salud pública y el territorio puede reducir algunos de estos riesgos.
El estudio muestra que el coste de introducir estos criterios es muy pequeño frente al volumen total de inversión necesario para transformar el sistema eléctrico.
La cuestión deja de ser cuánto cuesta construir una red más justa.
La pregunta pasa a ser cuánto puede costar ignorar durante décadas las consecuencias sociales de las decisiones energéticas.
Los modelos energéticos empiezan a mirar más allá del precio
Una de las aportaciones más interesantes del trabajo está en la metodología utilizada.
Los investigadores desarrollaron un sistema basado en escenarios capaz de comparar simultáneamente costes económicos, emisiones, creación de empleo y consecuencias sociales.
Este tipo de herramientas puede cambiar la forma en que gobiernos y operadores eléctricos planifican las infraestructuras.
Durante décadas, los modelos energéticos han buscado principalmente minimizar el coste de producir y transportar electricidad.
La incorporación de variables sociales permite formular preguntas diferentes.
¿Dónde debería instalarse nueva capacidad renovable para compensar la pérdida de empleo industrial?
¿Qué comunidades obtendrían mayores beneficios sanitarios si se retiran centrales contaminantes?
¿Dónde pueden crearse cadenas industriales relacionadas con las tecnologías limpias?
¿Es posible reducir emisiones y desigualdades territoriales al mismo tiempo?
Los modelos no proporcionan respuestas perfectas. Ninguno conoce cómo evolucionarán durante las próximas décadas el precio de las baterías, la demanda eléctrica o las tecnologías disponibles.
Aun así, permiten comparar alternativas y anticipar consecuencias antes de comprometer inversiones que permanecerán operativas durante 30, 40 o incluso 50 años.
Las decisiones tomadas ahora condicionarán varias generaciones
Una central eléctrica, una línea de alta tensión o una fábrica de baterías no son inversiones temporales.
Las infraestructuras construidas durante esta década condicionarán durante mucho tiempo la economía de los territorios donde se instalen.
Por eso resulta arriesgado medir el éxito de la transición energética únicamente en gigavatios instalados.
También importa cuántos empleos permanecen en el territorio, cuánto disminuye la contaminación, qué actividades económicas aparecen alrededor de las nuevas instalaciones y cómo se distribuyen los beneficios.
La investigación dirigida desde Ohio aporta una conclusión poco habitual en el debate energético: construir un sistema eléctrico más justo puede resultar sorprendentemente barato.
El margen económico entre una transición basada únicamente en minimizar costes y otra que incorpora objetivos sociales puede ser inferior al 1 %.
Una diferencia pequeña dentro de inversiones de enorme magnitud. Y con consecuencias que pueden durar generaciones.
Vía Universidad Estatal de Ohio
Más información: Trade-offs in justice-oriented grid expansions – ScienceDirect
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